Luego de la votaci\u00f3n en Diputados de la reforma laboral esclavista, el gobierno libertario avanza sobre el \u00faltimo basti\u00f3n de resistencia presupuestaria: la universidad p\u00fablica. Con el sello de la Secretar\u00eda Legal y T\u00e9cnica de Mar\u00eda Ibarzabal Murphy y la pluma de Alejandro \u00c1lvarez<\/strong>, el \u00abcomisario\u00bb de las Fuerzas del Cielo en el \u00e1rea educativa, el Ejecutivo envi\u00f3 al Congreso un proyecto que busca reescribir la Ley 27.795, aquella que la oposici\u00f3n y la calle le impusieron a Javier Milei el a\u00f1o pasado.<\/p>\n El optimismo en el entorno presidencial es total. Bajo la tutela estrat\u00e9gica de Santiago Caputo<\/strong>, el Gobierno conf\u00eda en que su red de aliados parlamentarios le otorgar\u00e1 en marzo una ley \u00abpropia\u00bb que reemplace el esquema de financiamiento actual. La intenci\u00f3n es clara: normalizar por ley lo que hasta ahora fue un recorte por decreto, disfrazando de \u00abactualizaci\u00f3n\u00bb lo que los gremios califican como un cepo al salario docente.<\/p>\n El proyecto propone un sistema de actualizaci\u00f3n de gastos de funcionamiento atado al IPC, pero con una letra chica enga\u00f1osa. Solo se activar\u00e1 si la inflaci\u00f3n supera el 14,3%, el valor promedio que el Gobierno dibuj\u00f3 en el Presupuesto 2026. Es decir, el Estado se reserva el derecho de licuar los gastos operativos si los n\u00fameros oficiales logran mantenerse bajo ese techo, preservando un incremento real que en la pr\u00e1ctica apenas alcanza para mantener los edificios en pie.<\/p>\n En materia de salud, la iniciativa incluye un refuerzo de $ 80.072 millones<\/strong> para los hospitales escuela. Sin embargo, el punto de mayor fricci\u00f3n es el art\u00edculo 5\u00b0, que regula las remuneraciones. El Gobierno ofrece una \u00abrecomposici\u00f3n\u00bb del 12,3%<\/strong> para todo el 2026, dividida en tres cuotas del 4,1% (marzo, julio y septiembre). Para los trabajadores, la oferta es una burla: se calcula sobre los b\u00e1sicos de diciembre de 2025, ignorando la p\u00e9rdida del poder adquisitivo acumulada durante el primer a\u00f1o de gesti\u00f3n libertaria.<\/p>\n La respuesta de los claustros no se hizo esperar. Pablo Perazzi<\/strong>, secretario general de Feduba, fue tajante: \u201cEste proyecto consolida el ajuste sobre nuestros salarios\u201d. Desde los gremios docentes advierten que la movida de la Casa Rosada busca anular el fallo del juez Mart\u00edn Cormick y el mandato de la ley de financiamiento original. Ante lo que consideran una \u00abnaturalizaci\u00f3n de la injusticia\u00bb, el sector ya prepara paros nacionales para la primera semana de marzo, amenazando con un inicio del ciclo lectivo paralizado.<\/p>\n Mientras el Gobierno celebra un mercado laboral que imagina pr\u00f3spero gracias a la reciente reforma, la universidad p\u00fablica entra en una zona de conflicto terminal. Para el Ejecutivo, se trata de \u00abordenar el sistema\u00bb; para quienes habitan las aulas, es el acta de defunci\u00f3n de la educaci\u00f3n superior como derecho social.<\/p>\n<\/p><\/div>\n![\"El](\"https:\/\/www.tiempoar.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/alejandro-alvarez-paint-1024x683.jpg\" "\\"El")
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