El Gobierno nacional aprob\u00f3 el nuevo Estatuto de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA)<\/a> por medio del decreto 383\/2025 publicado este martes en el Bolet\u00edn Oficial<\/a><\/strong>, firmado por el presidente Javier Milei<\/strong>, el jefe de Gabinete Guillermo Francos<\/strong> y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich<\/strong>, en el uso de las facultades delegadas de la Ley Bases N\u00b0 27.742. Entre los principales y m\u00e1s controvertidos puntos<\/a>, se cuenta la potestad de llevar a cabo acciones de inteligencia, tener acceso a informaci\u00f3n y bases de datos p\u00fablicos y registrar a personas<\/strong> \u201cdedicadas habitualmente a una actividad que la polic\u00eda debe reprimir\u201d, lo que incluye el ciber patrullaje en las redes sociales. Seg\u00fan los considerandos del decreto, parte de la reforma planteada busca la creaci\u00f3n de un programa de ingreso y formaci\u00f3n de universitarios ya graduados a esta fuerza, para lo cual toma de ejemplo al \u201cFederal Bureau of Investigation\u201d (FBI)<\/strong> de Estados Unidos.<\/p>\n Tiempo<\/em> convers\u00f3 con Victoria Darraidou, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), sobre la nueva normativa.<\/strong><\/p>\n \u2013\u00bfQu\u00e9 observaciones pueden hacerse del nuevo estatuto de la PFA?<\/strong><\/p>\n \u2013Primero hay que decir que esta es una decisi\u00f3n que se toma a trav\u00e9s de un decreto, evitando al Congreso<\/strong>. El Poder Ejecutivo est\u00e1 utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no est\u00e1n las de seguridad<\/strong>. Entonces, lo que hace es fundamentar esta decisi\u00f3n vincul\u00e1ndola a una mayor eficacia y modernizaci\u00f3n del estado. La reforma planteada no implica un plan de eficacia de la administraci\u00f3n de la PFA sino que modifica las funciones y el sentido de su intervenci\u00f3n.<\/p>\n Desde la creaci\u00f3n de la Polic\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 y el traspaso de la seguridad interior dentro de esta jurisdicci\u00f3n, era necesario repensar las funciones y el rol de la PFA en el territorio. Pero el problema es que el decreto en s\u00ed no organiza con claridad de qu\u00e9 se va a tratar ese perfilamiento vinculado a la investigaci\u00f3n criminal. No hay informaci\u00f3n precisa sobre la especializaci\u00f3n en la investigaci\u00f3n de la ruta del dinero, en la connivencia con otras instituciones estatales, en la prevenci\u00f3n de la violencia. Lo que vemos es que persisten algunas atribuciones extraordinarias para la polic\u00eda y aparecen algunas nuevas<\/strong>.<\/p>\n \u2013\u00bfCu\u00e1les son las nuevas atribuciones de la PFA y las que persisten? \u00bfSon problem\u00e1ticas?<\/strong><\/p>\n \u2013Entre las nuevas atribuciones hay una estructura con capacidad de desarrollar investigaci\u00f3n e inteligencia criminal sin control judicial<\/strong>. Aparece tambi\u00e9n la posibilidad de hacer tareas de patrullaje en redes sociales abiertas, p\u00e1ginas de Internet, en funci\u00f3n de la idea muy vaga de prevenci\u00f3n del delito, cuya noci\u00f3n es ampl\u00edsima y esto tambi\u00e9n se hace sin control judicial. Se trata de dos funciones claras que pueden ser muy abusivas de la intervenci\u00f3n policial y que pueden estar dirigidas a investigar, por ejemplo, a organizaciones sociales, pol\u00edticas, estudiantiles e ir en contra de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n Despu\u00e9s, las atribuciones problem\u00e1ticas que ya estaban vigentes tienen que ver con las facultades extraordinarias de la polic\u00eda en las detenciones, esto persiste aunque Argentina tenga la obligaci\u00f3n de cumplir con los fallos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el caso Bulacio o Fern\u00e1ndez Prieto y Tumbeiro donde dice que en las detenciones sin orden judicial, cuando no hay flagrancia, tiene que haber una pauta clara del fundamento de la intervenci\u00f3n policial. La sospecha que funda las detenciones sin orden judicial de la polic\u00eda, por lo general, descansa en un sesgo discriminatorio. Esta noci\u00f3n fue utilizada para hacer controles poblacionales, para extorsionar a la gente, hacer la llamada estad\u00edstica policial, y puede ser utilizada tambi\u00e9n para controles masivos.<\/p>\n \u2013\u00bfQu\u00e9 se aprob\u00f3 en relaci\u00f3n a las requisas?<\/strong><\/p>\n \u2013En realidad es otro problema que persiste, las requisas sin orden judicial, es decir, los controles corporales sobre las personas. En el texto del decreto que ya est\u00e1 vigente lo que dice es que se puede hacer requisas sin orden judicial y se usa una expresi\u00f3n muy vaga y amplia, que es en contexto de operativos de prevenci\u00f3n. Puede ser un control en la calle como los que hoy vemos que suceden sobre personas que se trasladan a las protestas sociales y las demoran y detienen a los colectivos, como ya lo hizo Bullrich en su gesti\u00f3n pasada. En realidad, el decreto es una oportunidad desaprovechada para mejorar otros aspectos de la PFA, como la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas. No establece que debe haber un sistema de informaci\u00f3n estad\u00edstico y p\u00fablico sobre la intervenci\u00f3n de la polic\u00eda. Siguen sin crear una auditor\u00eda externa, no hay ninguna regulaci\u00f3n vinculada a una perspectiva de g\u00e9nero, ni pol\u00edticas de antidiscriminaci\u00f3n o salvaguarda sobre intervenciones con ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n<\/p><\/div>\n![\"Cambios](\"https:\/\/www.tiempoar.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/MILEI-ENPOLICIA-FEDERAL-.jpg\" "\\"Cambios")
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