El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lanzó la convocatoria al Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión de uso y explotación del predio de Villa Martelli en donde funciona Tecnópolis por un total de 300 meses (25 años), prorrogables por 12 meses.
Según se detalló, la medida se enmarca en el “programa de racionalización de recursos públicos” y en el compromiso con el principio de déficit cero. Expresado de otro modo: se profundiza la motosierra.
El inmueble, de 509.759,79 metros cuadrados, se encuentra bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Las autoridades del área señalan que presentaba “una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.
En rigor, según el Gobierno, Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones, contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.
Motosierra encendida
Desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de ordenamiento que permitió reducir más del 30% de la dotación (de 333 a 198 empleados) y establecer un esquema de funcionamiento público-privado. Gracias a este modelo, el Estado dejó de gastar y pasó a recaudar: $600 millones en ingresos durante 2024; $2.429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2.749 millones al cierre del año. Más de 500.000 personas participaron de las actividades desarrolladas bajo este nuevo esquema.
“La concesión permitirá profundizar esta transformación. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal”, indicaron desde Presidencia.
El pliego prevé que el predio mantenga su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual. Establece que el privado asuma el control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y que mantenga los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año.
El procedimiento licitatorio se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, asegurando transparencia, competencia y participación amplia. Con esta medida, “el Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural, garantizando a la vez la preservación y el uso público del predio”.