En medio de una escalada que incluye las diatribas diarias –propias y de sus funcionarios–, las sanciones económicas y el despliegue de una flota de guerra en el Caribe sur, Donald Trump sumó el viernes la eliminación del canal del presidente Nicolás Maduro de la grilla de YouTube. Los temas de fondo, sin embargo, siguen siendo los mismos: el malestar que provoca un gobierno contestatario en medio de un dócil patio trasero y el petróleo, que así como impulsa a repetir desde los años de su primer mandato que la opción militar siempre está presente, lo obliga a actuar con una prudencia que le es impropia. Hoy, la necesidad de contar con el crudo venezolano se ha vuelto más vital que nunca, porque las refinerías estadounidenses necesitan ese tipo de crudo y porque Venezuela se convirtió en un jugador de primera línea, con China, Rusia e Irán entre sus socios políticos.
A fines de julio, tras el fracaso de sus sanciones al sector petrolero, Trump había autorizado a la multinacional Chevron a retomar actividades en Venezuela. “Bienvenidas las empresas que quieran venir a trabajar honestamente”, dijo Maduro, y orgullosamente recordó que durante los meses de parate el sector nacional había aumentado la productividad un 12 por ciento. Lo cierto es que Chevron nunca se fue, sus operaciones estuvieron restringidas durante años pero mantuvo participación en cuatro empresas mixtas con la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela). A principios de ese mes se había conocido otra noticia relevante para el sector: la decisión de la Justicia de Delaware de liquidar (rematar) a la petrolera CITGO, la mayor empresa venezolana fuera de su territorio soberano. El más grave despojo corporativo de la historia reciente contra un país americano fue definido.
CITGO es una de las siete refinerías más importantes de Estados Unidos y conforma una estratégica red de infraestructura energética diseñada por Venezuela desde 1983, cuando la Revolución Bolivariana no era ni un sueño todavía. El Estado compró puertos y refinerías en el mundo para tener presencia en el comercio global del petróleo. Entre ellas CITGO, una de las mayores corporaciones petroleras de Estados Unidos. Opera tres refinerías en Texas, Luisiana e Illinois y tiene o es socia de 42 terminales de embarque, seis gasoductos y tres plantas de envasado de lubricantes. Es el sexto complejo refinador y produce y comercializa combustibles, lubricantes, petroquímicos y otros derivados industriales a través de su red de 4500 estaciones de servicio. Procesa más de 800 mil barriles diarios y en los últimos cuatro años registró ganancias de 5260 millones de dólares.
Esa planificación de largo alcance fue bombardeada por una batería de decisiones políticas y judiciales operada desde la oposición venezolana de ultraderecha: el terrorismo del “exilio español” amparado por la estructura del partido nazi Vox y dirigido por Corina Machado y Leopoldo López y expuesto al mundo a través de las pobres figuras de Juan Guaidó y Edmundo González. El primer factor que indujo la quiebra fue la creación de una falsa directiva de PDVSA –la empresa madre– que permitió la aplicación de una figura jurídica norteamericana conocida como Texas two-step (Texas en dos pasos) para declarar a CITGO en bancarrota, reducir artificialmente su valor y facilitar la venta a precio vil.
La cadena de episodios que llevó al fin de uno de los más ambiciosos sueños americanos de desarrollo soberano comenzó cuando en 2012 la minera canadiense Crystallex demandó al Estado venezolano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un instrumento del Banco Mundial que en todos sus años de existencia nunca falló contra una empresa privada. Pero la tumba de CITGO está en el pequeño estado norteamericano de Delaware, en la costa atlántica, una de las 13 colonias fundacionales transformada en un obsceno centro financiero al que el Nobel de Economía Joseph Stiglitz definió como “un perfecto paraíso fiscal”. Atraídas por una legislación que concede beneficios fiscales nunca vistos, más de un millón de empresas se radicó allí. Con ello se ganó el mote de The Land of Free-Tax Shopping (La tierra de las compras libres de impuestos).
El analista venezolano Miguel Jaimes advierte que el remate de CITGO no es sólo un tema económico. “Es también una jugada geopolítica que afecta a Venezuela, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y al equilibrio energético global. Desde 1989 las guerras han sido contra los países de la OPEP –agrega–. Veamos lo que pasó con Libia, Irak, Irán. Venezuela tiene una de las mayores reservas del mundo y su pérdida de influencia en una agresión directa contra la OPEP”. Sobre el rol de lkos EE UU, Jaimes observa que “se le plantea una contradicción entre su aparente voluntad de subastar la empresa y la necesidad interna de mantener su seguridad energética. CITGO es estratégica también para Estados Unidos, no por casualidad cuando se reavivó la crisis en Medio Oriente, la Oficina Central de Activos Extranjeros redobló su protección sobre ella”.
Garantizado ya el despojo, el gobierno de Donald Trump deja hacer a las partes interesadas en la repartija y la subasta se ha convertido en un campo de batalla. Es cosa de tiempo. Los buitres, como buitres que son, se sacan los ojos entre sí. El proceso entró en su fase final con un cambio tan inesperado como sustancial. La Corte de Delaware sustituyó la oferta recomendada, pasando de la de Gold Reserve a la de Amber Energy, una filial del buitre Elliott Investment. En julio había seleccionado como mejor postor a Gold Reserve, que ofrecía 7400 millones de dólares. Ahora, sin explicaciones, optó por los pichones de Elliott, aunque propusieron 1500 millones menos (5900 millones). Se abrió una nueva polémica, en la que incluso varios participantes pidieron la inhabilitación de la propuesta.
YPF, los buitres y la señora Loretta
La Justicia norteamericana volvió a ignorar el viernes una demanda de YPF y dejó al fondo buitre Burford Capital con las manos libres para pedir el embargo de bienes de la petrolera. La abogada Loretta Preska, una señora largamente pasada en años como para poder ocupar algún estrado en la Justicia imperial, trabaja como jueza en Nueva York y seis años después de entrar al tope jubilatorio sigue aferrada al cargo. Por lo actuado hasta ahora, y vista la prescindencia de los imaginarios amigos estadounidenses para fijarle límites sin violar la independencia de los poderes, Preska piensa quedarse allí hasta culminar con su tarea de minado de la soberanía argentina y demolición de la petrolera.
La enemistad de la señora Loretta con YPF –que no necesariamente amistad con los buitres de Burford– se puso de manifiesto por primera vez el 1 de julio, casualmente el mismo día que el foro de Delaware embestía contra la soberanía venezolana en el caso de la petrolera CITGO. En el atardecer de esa calurosa jornada neoyorquina ordenó al Estado argentino que le transfiriera el 51% de las acciones de la empresa al Bank of New York Mellon. El banco, casualmente uno de los investigados por lavar las fortunas globales del narcotráfico, debía traspasarlas al fondo pirata que había desembarcado en la causa tras comprar los derechos de litigio que le habían sido entregados al Grupo Petersen.
La demanda se remonta a 2012, cuando el gobierno expropió el 51% accionario de YPF, entonces en manos de Repsol y, minoritariamente, del Grupo Petersen. Según Preska, en la operatoria se violó el estatuto de la empresa, instrumento al que puso por encima de la Constitución. El Estado alegó que el caso debía resolverse en el fuero local y que la expropiación fue legítima, aprobada por el Congreso sobre la base de la figura de utilidad pública. En su proceder violatorio de los derechos y de la soberanía nacional, la jueza desestimó la ponencia argentina y antepuso la vigencia de la norteamericana Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, que limita la capacidad de los Estados para evitar procederes como este. Argentina nunca renunció a su propia jurisdicción.