“¿Te acordás de aquella vez que tuviste polio? No. ¡Porque tus padres te vacunaron!”, gritaba una médica, en una intervención en el programa de Jimmy Kimmel hace unos años.
Hace 250 años, el 40 % de los niños y niñas no llegaba a la edad adulta. Hoy en día, ese porcentaje es del 4%. Este descenso se lo debemos a tres intervenciones centrales: el agua potable, la vacunación y los antibióticos. Gracias al esfuerzo de investigadoras como Eugenia Sacerdote de Lustig, quien introdujo en el país la vacuna correspondiente, no hemos tenido en Argentina ninguna gran epidemia de polio desde 1956 y ya no hay, en ningún lado, gente que vive confinada por años en un pulmón de acero.
Hoy en día, las vacunas salvan más vidas que cualquier otra intervención médica. Y sin embargo, el próximo jueves 27, de no mediar un rapto de responsabilidad por parte de las autoridades del área, está previsto en la Cámara de Diputados el desarrollo de un evento antivacunas promovido por la (empresaria) Marilú Quiroz, legisladora del PRO y reincidente en esto de fomentar la muerte de niños y niñas por enfermedades prevenibles.
Inicialmente convocado para el 20 de octubre y bajo el título “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, la “propuesta” finge ahora mayor moderación con el rebranding “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID?”, sugiriendo que no se trata de echar un manto de sospecha sobre las vacunas en general, sino “solo” sobre aquellas que salvaron millones de vidas durante la última pandemia. Sin embargo, dos detalles muestran, demasiado fácil, la hilacha.
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El primer detalle es que, según se ha anunciado repetidamente en redes, el espacio le dará voz a un tal Julio Razona, un abogado (sí, abogado, no epidemiólogo, no vacunólogo, no especialistólogo en nada siquiera remotamente vinculado a las vacunas) quien se ha ocupado de atacar a las vacunas en general una y otra vez, apelando entre otras cosas a la evidencia anecdótica de que el filósofo Protágoras vivió 74 años, y Arturo Illia 82, para concluir que en realidad “en la historia de la humanidad ha habido longevos muy conocidos”, y en consecuencia no es tan importante el rol de las vacunas para prolongar la vida humana.
Y este comentario irresponsable lo ofrece en un contexto en que es noticia documentos oficiales del gobierno nacional registran seis muertes de niños por una enfermedad prevenible como la tos convulsa (también conocida como ferina o como coqueluche).
Estamos atravesando una situación crítica, con coberturas de vacunación para los 5 años por debajo del 50%. Esto favorece la reintroducción de enfermedades que estaban eliminadas, como vimos en el brote reciente de sarampión en nuestro país, y que vuelvan a producirse muertes completamente evitables de niños, niñas y bebés por enfermedades controladas. Y no es exclusivo de Argentina: la situación es crítica a nivel mundial y regional, con 23 muertes por sarampión en México, 3 en Estados Unidos y 2 en Canadá, que podrían haberse evitado con adecuadas coberturas de vacunación.
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El segundo detalle es que la actividad se enmarca en el proyecto de la diputada de “revisar” la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, que sostiene la obligatoriedad de las vacunas y garantiza que la población tenga acceso a ellas. Definitivamente no se trata de una discusión sobre las vacunas contra el COVID; de hecho, el truco es demasiado obvio: Quiroz busca agitar las dudas sobre una vacuna no obligatoria para promover una agenda de ataque a las que sí lo son. Y esto en nombre de “la autonomía personal y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo”. Y aunque apelar a la libertad personal suele ser un punto de apoyo de los antivacunas, esto resulta simplemente mentiroso.
Vacunarse no es solo una decisión personal: es un compromiso solidario, una responsabilidad social que no protege únicamente a cada individuo. Quien no se vacuna puede ser vector de enfermedades y contagiar a otras personas que no están vacunadas por edad o por alguna condición particular, como estar inmunosuprimidas. Sin ir más lejos, es el caso de dos de los seis bebés muertos por tos ferina, que no estaban en edad de vacunación y en consecuencia habrían debido ser protegidos por la inmunidad de grupo.
Pero hay algo más.
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Asociar la pregunta de “qué contienen” las vacunas a la “autonomía personal” supone asignarle a cada persona, a cada familia, la responsabilidad de tomar posición sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, en lugar de apoyarnos en los organismos altamente especializados que evalúan toda la evidencia disponible, y cuyos análisis, a lo largo de años y en todo el mundo, ya mostraron la seguridad y eficacia de las vacunas. En Argentina, en particular, existe la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Expertas y expertos de todo el país, de manera rotativa, asesoran como un organismo técnico a las autoridades nacionales para definir todo aspecto relacionado con las vacunas basados en dos pilares: evidencia científica general y el contexto epidemiológico local.
Confiar en los organismos de control experto es lo más sensato, lo más racional. Y, de hecho, lo hacemos todo el tiempo. Nadie diría que atenta contra nuestra autonomía personal que confiemos, por ejemplo, en que no se van a derrumbar los edificios que habitamos, en que el agua que bebemos es potable o en que los frenos de los micros y colectivos que nos tomamos funcionan. Nadie ganaría en “autonomía” por verse repentinamente obligado a tener que especializarse en todos estos temas y responsabilizarse de ellos de forma individual para satisfacer los caprichos de quienes se ufanan de “desguazar el Estado desde dentro”. Y, por eso, es que necesitamos que esos organismos puedan seguir haciendo su trabajo y no caigan bajo la “motosierra” de Milei, Lugones y Sturzenegger.
La alternativa, el “hágalo usted mismo”, es plantearle al público no experto una exigencia simplemente imposible. ¿Por qué imposible? ¿Acaso no podemos buscar información y tomar críticamente la decisión? No, la verdad es que no podemos. El nivel de experticia que se requiere para poder evaluar la evidencia de primera mano es tal que nadie que no tenga una especialización enorme puede hacerlo. Hagamos el ejercicio, aprovechando que el argumento falsamente democrático ni siquiera es original.
Por un breve período, hace unos tres años, la misma exigencia de Quiroz de informar “sobre la composición de las sustancias inyectables” estuvo en vigor en Uruguay a partir de un fallo de un juez que establecía esa condición para autorizar al Estado del país vecino a proceder con la inmunización contra el COVID a menores de edad.
Supongamos que nos tomamos en serio esto de analizar la composición de las vacunas “por mano propia”. Por ejemplo, una de las vacunas contra el COVID incluye componentes como 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina: ¿qué se supone que, para ejercer nuestra “autonomía personal”, hagamos con esa información?
Al margen de la cuestión obvia de que determinar la eficacia y seguridad de las vacunas definitivamente no se reduce a la pregunta de “qué contienen”, lo cierto es que, si no tenemos mucho conocimiento especializado, lo único que podemos hacer con este dato es… guglear. En cuyo caso lo que vamos a estar haciendo no es ejercitar nuestra “autonomía personal”, sino simplemente sustituir la confianza en organismos con expertos/as como la ANMAT, la FDA o la OMS por una bastante más precaria confianza en el algoritmo de Juan Google.
En definitiva, exigirnos a quienes no somos especialistas que tomemos estas decisiones es abrir la puerta a culpar a las víctimas cuando las cosas salen mal, y al debilitamiento de organismos indispensables como la ANMAT que está siendo atacada y desguazada, mientras el gobierno elude su culpabilidad por las muertes a causa del fentanilo contaminado.
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Volvamos a lo básico: el objetivo de los programas de vacunación es prevenir enfermedades y muerte. Queremos que los y las bebés sigan sanos, que no se mueras de tos convulsa[Ui1] , poliomielitis, sarampión varicela, rubéola, tétanos, hepatitis, gripe… y podemos seguir porque la lista es larga. Quiroz, Razona y todos los irresponsables promotores de la no vacunación no se acuerdan de la vez que tuvieron polio o viruela porque se beneficiaron de la inmunización masiva que están ayudando a socavar.
Si queremos volver a un mundo previo a la vacunación masiva, el evento antivacunas en la Cámara de Diputados del 27 está en la dirección correcta. Si queremos proteger a los chicos y las chicas de hoy y del futuro de enfermedades absolutamente prevenibles, hay que frenar a sus verdugos ahora. Podés firmar acá para exigir la cancelación del evento.
De todas las batallas del siglo XXI, la defensa de las vacunas, junto al combate al cambio climático, hace a la supervivencia de la especie. Las estamos perdiendo. Hoy, más que nunca, defender las vacunas es defender nuestra humanidad.
Sofía Gastellu es historiadora. Fundadora del colectivo “Niñez en Riesgo”. Coautora de «The impact of COVID-19 childhood and adolescent vaccination on mortality in Argentina», publicado en Vaccine.
Valeria Edelsztein y Claudio Cormick son investigadores del CONICET, especializados en antivacunas y otros discursos negacionistas.