La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su más enérgico repudio a la modificación del Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue establecida mediante el decreto 383/25 del Poder Ejecutivo Nacional y publicada en el Boletín Oficial.
Sucedió cuando el presidente Javier Milei; Guillermo Francos -jefe de Gabinete- y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, firmaron la decisión haciendo uso de las facultades delegadas de la Ley Bases N° 27.742.
Vulneración de derechos esenciales
En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM: «Lo que hicieron es inconstitucional, por el procedimiento empleado para su realización y porque vulnera los derechos esenciales en forma directa», denunció.
Siguió explicando que la necesidad de reformar el Estatuto de la Policía Federal Argentina es una deuda pendiente de la democracia. «Porque ningún gobierno asumió la responsabilidad de hacerlo después de la Ley 24.059 de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, que fue sancionada en diciembre de 1991 y publicada en el Boletín Oficial en enero de 1992″.
También repasó que el Estatuto vigente fue sancionado por el decreto Ley 333 del año 1958, que tuvo modificaciones parciales, totalmente contradictorias a las definiciones y objetivos que son necesarios para la construcción de una policía democrática.
La actual reforma del gobierno está muy lejos de alcanzar estos objetivos. «Porque los cambios incorporados son parciales, además tienen grandes deficiencias técnicas que son muy evidentes», aseguró el secretario ejecutivo.
Y completó. «Está redactada de una manera confusa y deja márgenes para la discrecionalidad policial en un contexto de incremento de las políticas represivas y la persecución política que en el escenario actual sobreabundan».
Foto: Mariano Martino
La doble vara de la reforma
Sin embargo, «el oficialismo la presenta como una reforma necesaria para investigar delitos federales y para desarticular organizaciones criminales. Pero en realidad representa el sostenimiento de herramientas utilizadas por la policial para restringir las libertades personales de los ciudadanos de manera arbitraria«, detalló el letrado.
Continuó relatando. «Nos resulta muy raro que se quiera construir una policía moderna y orientada a investigaciones complejas incorporando como atribución la detención por averiguación de identidad. O los cacheos en operativos públicos, tareas que son propias de las policías de prevención».
Son herramientas contrarias al ordenamiento constitucional, también a las sentencias y recomendaciones de los Tribunales y Organismos Internacionales. «No son para detener y prevenir delitos, sino para el control social de las poblaciones más estigmatizadas, mediante la restricción arbitraria y la privación de la libertad«, advirtió el abogado.
Además, «se inscribe la habilitación de confeccionar prontuarios policiales sin control judicial. Es decir, sostiene las viejas normas que justifican el armado de causas penales y la detención de personas de manera indiscriminada«, remarcó el secretario ejecutivo.
Cipriano continuó, «desde que Milei asumió al gobierno se han producido definiciones políticas y modificaciones normativas que otorgan mayor discrecionalidad policial». También el incremento «de la represión a sus opositores y severas restricciones a la libertad de expresión con constantes amenazas a periodistas», denunció.
Investigaciones sin control judicial
«El actual decreto del oficialismo deja abierta la posibilidad para que la Policía Federal Argentina realice investigaciones con carácter preliminar, por fuera del control judicial. La fuerza de seguridad ahora tendrán -aseveró el letrado- amplios márgenes de discrecionalidad para investigar, no solo a las organizaciones criminales, sino a la población en general».
La reforma también avanza sobre los territorios provinciales, porque que la PFA podrá actuar en sus jurisdicciones ante cualquier urgencia o hecho que lo justifique y recién después de haber actuado, avisarán a las autoridades correspondientes.
A pesar de que la democracia exhibe 41 en Argentina, existe la continuidad del denominado Cuerpo de Inteligencia Criminal y el Cuerpo de Auxiliares de Investigación de la Policía Federal Argentina.
Este Cuerpo continua cometiendo las acciones que ejecutaba la última dictadura cívico-militar: «Por ejemplo, realizó tareas de inteligencia ilegal que fueron comprobadas por la Justicia Federal en el famoso caso de la infiltración del agente Américo Balbuena en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh«, denunció el secretario ejecutivo.
Y concluyó. «También está la resolución 428/24 que reglamentó el ciberpatrullaje, esta medida incorporó que las fuerzas de seguridad realicen labores preventivas en los espacios cibernéticos ante presuntos delitos. Es decir, las personas ya no pueden expresarse libremente en la redes sociales«.